A instancias de la WACR (World
Association for Cancer Research), nuestro grupo, ABOGADOS EN DEFENSA DE LA SALUD
ha iniciado un procedimiento contra los responsables políticos del
Ministerio de Sanidad por haber consentido desde la responsabilidad que detentan
en la Administración, la presencia y comercialización de productos altamente
tóxicos en los cigarrillos capaces de provocar cada año más de 50.000 muertes
sólo en México, además de graves enfermedades en cientos de miles más de
ciudadanos -entre ellos miles de niños indefensos que hoy son fumadores pasivos-
sin que hayan tomado medida o iniciativa alguna encaminada a evitarlo.
La acción penal iniciada
presenta como gran novedad frente a otras iniciativas internacionales que no
está dirigida contra las grandes compañías tabaqueras, ni tan siquiera se
centra en el tabaco, la nicotina, el alquitrán, el monóxido de carbono o
aquellas otras sustancias que los consumidores -activos y pasivos- saben que
contienen los cigarrillos y aún así eligen consumir ejerciendo su libre
albedrío, sino que se ha planteado ante la evidencia de que muchas de las de
sustancias -casi tres centenares- que la propia industria ha admitido ante la
Administración estatal que añade a los cigarrillos, están reconocidas
internacionalmente como adictivas, tóxicas y/o cancerígenas. Y todo ello el
consumidor no lo sabe porque ni los responsables del Ministerio -ni los de la
industria tabaquera- se lo han comunicado jamás.
La WACR considera que se trata
pues de una clara dejación de responsabilidad ya que los altos cargos de la
Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor tienen la obligación de exigir a toda empresa que comercializa
productos de consumo masivo que proporcionen las pruebas de su inocuidad, muy
especialmente cuando hay evidencias científicas de su peligrosidad para la
salud. Evidencias de la inocuidad tanto de cada uno de los más de dos centenares
de productos innecesaria e injustificadamente añadidos a los cigarrillos como de
la mezcla de cada uno de ellos con todos los demás ya que combustionan juntos.
Tal dejación ha permitido además
a las compañías tabaqueras utilizar la cobertura legal propiciada por la
inacción de la Administración para seguir distribuyendo de forma masiva un
producto tan tóxico y adictivo que la propia Secretaría de Salud ha
obligado a la industria a poner en las cajetillas de cigarrillos: El tabaco
es causa de cáncer. Una iniciativa que presuntamente se tomó para advertir a la población del
riesgo de fumar cigarrillos cuando en realidad lo que ha propiciado es la
impunidad legal de la industria tabaquera ya que desde entonces ningún
consumidor puede alegar que no sabía que consumir cigarrillos podía llevarle a
enfermar o a la muerte. Un argumento que quizás sea válido cuando se trata de
los efectos de la nicotina, el alquitrán o el monóxido de carbono pero que la
WACR considera que no es aplicable cuando se trata de los efectos negativos que
producen las casi trescientas sustancias que la industria añade a los
cigarrillos sin que los consumidores hayan sido jamás informados de su
peligrosidad.
La WACR considera que las
acciones y omisiones expuestas son especialmente lamentables y perseguibles
porque el comportamiento consentido por los responsables de la Administración ha
provocado que la industria haya convertido en consumidores adictos a jóvenes en
edades muy bajas, en algunos casos menores de 14 años, mediante la introducción
de determinadas sustancias que crean dependencia y permiten así a los
fabricantes asegurarse un buen nivel de ventas durante muchos años mientras sus
organismos se van deteriorando a consecuencia de los productos presentes en los
cigarrillos. Y aquí no podría ya hablarse de un presunto "consentimiento
informado" -inexistente en todos los casos porque a los consumidores se les ha
ocultado la mayor parte de la información sobre los cigarrillos- ya que los
menores de 18 años no tienen capacidad jurídica para aceptar contratos.
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